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En 2011 el Congreso de la República aprobó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, en la que se consignó la realización del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, como una medida simbólica para recordar los hechos violentos durante el conflicto armado en Colombia. Desde ese entonces, cada 9 de abril Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, con la intención de hacer memoria y reconocer cómo durante décadas de violencia se ha atentado contra la vida, los derechos y la dignidad de miles
de personas en el país.
El conflicto armado interno en Colombia ha dejado cerca de 8,3 millones de víctimas en los últimos 60 años, con una afectación desproporcionada en mujeres, niños y niñas, y poblaciones étnicas afro e indígenas. El 89% (7.4 millones de estas personas) han sido víctimas de desplazamiento forzado.
El Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC – EP lograron un pacto histórico en noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo de Paz para la Terminación del Conflicto. El punto 5 del Acuerdo es justamente sobre las Víctimas y ha sido resaltado como su columna vertebral, pues con más de 8 millones de víctimas que han sufrido los efectos devastadores del conflicto armado, es necesario que exista un enfoque basado en la garantía plena de sus derechos y en particular los relativos a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición, que contribuyan adicionalmente a la reconciliación.
Bogotá, es la ciudad que recibe en mayor proporción a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, los ciudadanos desconocen las victimizaciones de los territorios, y las afectaciones de la población que llega a la ciudad huyendo de la guerra y con la esperanza de una reconstrucción de su proyecto de vida. Como un hecho de reivindicación y de construcción de memoria, Bogotá pretende visibilizar la historia del conflicto, reconocer las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, y reconocer a las más de 350 mil personas que sufrieron dichos hechos que conviven en la ciudad.
La corte constitucional, a través de diferentes Autos de seguimiento a la T-02 de 2004, ha reconocido afectaciones desproporcionadas a diferentes grupos poblacionales: niños, niñas y adolescentes, personas con pertenencia étnica.
Para el año 2021, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación tiene el propósito de posicionar dos mensajes centrales: Posicionar a la población Víctima en el centro de la implementación de los acuerdos de paz; Construir memoria a través de un ejercicio de pedagogía social dirigido a la comunidad en general resaltando fechas emblemáticas de la historia del conflicto en Colombia.
